Desarrollo integral y políticas públicas

Juan Emilio Cheyre

En nuestra Universidad hemos reflexionado, junto a investigadores de América, en relación al concepto de Desarrollo Integral. Chile y América Latina viven un momento en que aplicar dicho concepto aportaría mucho para que las políticas y acciones que se resuelvan afronten con éxito las demandas de una sociedad con grandes necesidades insatisfechas.

En ese sentido, América Latina en el siglo XXI, ha alcanzado un nivel de desarrollo político logrando superar la época donde generalizadamente vivió con alta inestabilidad y donde la democracia fue sobrepasada con el advenimiento de regímenes totalitarios y dictaduras de distinto signo. Pese a la crisis económica mundial de los primeros años del siglo XXI, la región no ha tenido un comportamiento que la haya desestabilizado y, por el contrario, en general se ha logrado avanzar, en el enfrentamiento de los crónicos problemas de pobreza, inequidad y carencias en el apoyo al desarrollo de los sectores más vulnerables. Con todo, persisten altos niveles de desigualdad y se ha extendido en vastos sectores un clima de inseguridad, especialmente dado el incremento de la producción y tráfico de drogas y el efecto de violencia y criminalidad organizada que conlleva el fenómeno. Adicionalmente se observa una afectación importante de la confianza, la participación, el compromiso y la responsabilidad, lo que ha ido generando una creciente insatisfacción con la política, desprestigio y falta de valoración de las instituciones. Todo esto cuestiona al Estado como tal y restringe sus posibilidades de llevar adelante políticas públicas que cuenten con apoyo mayoritario.

En este contexto, el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y las Cartas Encíclicas que se refieren a lo social, especialmente Caritas in Veritate, entregan un mensaje directo y claro que llama a fortalecer la visión valórica de la acción privada y pública orientada a dignificar al hombre a través de acciones que así lo permitan.

El momento actual llama a revitalizar esa noción de Desarrollo Integral. Dicho concepto se podría constituir en un referente que permitiera proponer acciones concretas que, por una parte, profundicen y aseguren los importantes avances que en dignidad se han logrado en los distintos países de la región y, por otra, genere nuevas políticas especialmente en las áreas donde persisten problemas crónicos que atentan contra el logro del desarrollo de las familias, las personas y las sociedades.

Para tal efecto el Desarrollo Integral se plantea como un proceso que se logra a través del conjunto coordinado de acciones políticas, sociales y económicas que se fundan en la promoción de la dignidad personal, la solidaridad y la subsidiariedad para mejorar las condiciones de desarrollo pleno de las familias y las personas, contribuyendo a un clima social y humano de confianza mutua con especial atención a la solución de los problemas de aquellos que tienen menor posibilidad de acceso a los beneficios de la modernidad, en un ambiente que proteja el hábitat y en una dimensión que también lo asegure para las generaciones futuras.

Se plantea así la oportuna promoción de acciones no sólo en un nivel material o económico, sino que de todas aquellas condiciones que las personas requieren para su plena realización, lo que en palabras de Pablo VI se vislumbró en el siguiente párrafo: "Para ser auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a todo el hombre".

Así, este concepto busca la definición y aplicación de políticas públicas orientadas a fortalecer la dignidad del ser humano a través de la formulación de soluciones concretas a los problemas más importantes que se presentan en la realidad actual poniendo en el centro de esas políticas al ser humano. De allí que tanto el sector público como privado podrían encontrar en la aplicación del desarrollo integral formas para definir soluciones orientadas a alcanzar un desarrollo en bien de una sociedad que merece vencer problemas crónicos que hoy la siguen afectando.